• Uno de los errores del fisco federal ha sido presionar a la misma base de contribuyentes, cuando 7 de cada 10 personas están en la informalidad. 

Tijuana, B.C.- Uno de los temas preocupantes para la comunidad empresarial y contable es la fiscalización que se prevé para el 2025, para lo cual es importante conocer de manera puntual las implicaciones normativas y lo que se puede hacer para evitar caer en requerimientos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Así lo expuso Norma Robles Ulloa, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), luego de encabezar el desayuno catorcenal del organismo en el que estuvo como invitado Adolfo Solís Farías, socio director de Grupo Farías, quien expuso el tema “Recomendaciones para atender programas de vigilancia profunda y diferencias”. 

“El tema de la fiscalización que se viene para 2025 es un tema que nos preocupa, porque el SAT tiene la manera de cruzar información a través de los comprobantes fiscales, donde en ocasiones hay errores de forma, lo que puede identificar el SAT como una omisión en el pago de impuestos”, anotó. 

Esta situación, explicó Robles Ulloa, ocurre cuando hay errores en la emisión de los comprobantes fiscales, lo cual el sistema lo detecta como una falta de pago de impuestos, y entonces el contribuyente amerita un requerimiento. 

En ese sentido, destacó la importancia de acudir con un asesor contable para evitar este tipo de inconsistencias. 

Por su parte, Adolfo Solís Farías, socio director de Grupo Farías, señaló que hay un problema en el gobierno federal porque la carga la absorben los contribuyentes de siempre, cuando la informalidad ha llegado a 7 de cada 10 personas en el país. 

“Me parece que el país no puede avanzar cobrándole a los mismos, los cambios en la política hacendaria caen en los mismos contribuyentes. El fisco está haciendo una base de datos obesa, pero poco efectiva”, anotó. 

El especialista refirió que el sistema fiscal ha trastornado a las empresas con tanta presión, pues la ha limitado, porque es el propio gobierno el que les impide cumplir, ya sea por restricciones de sello digital, de claves electrónicas, por embargo de cuentas bancarias, entre otras. 

“Un país que tiene 2.4 millones de personas morales y que sólo pudieron cumplir, por controles del SAT, 660 mil, parece que es un fracaso de país”, finalizó.