El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido presiones de la agroindustria y funcionarios estadounidenses para retractarse de su decisión de prohibir el uso del glifosato en México y reducir paulatinamente las importaciones de maíz transgénico en donde se haya usado este pesticida.
En diciembre del 2020, el gobierno federal prohibió por decreto el uso de este pesticida que es señalado por ser cancerígeno. México importa anualmente alrededor de 18 millones de toneladas de maíz transgénico de Estados Unidos por las que paga 2 mil 700 millones de dólares. Somos el segundo importador de maíz del mundo y el principal cliente de los estadounidenses. También un gran comprador de glifosato para el campo mexicano.
“La agroindustria de Estados Unidos se opone tanto a la decisión de México de prohibir el maíz transgénico porque representa una amenaza para su mercado”, explica Ken Roseboro, experto en alimentos libres de transgénicos.
Correos electrónicos obtenidos a través de solicitudes de transparencia por el Centro para la Diversidad Biológica muestran cómo Bayer Ag y el cabildero de la industria de pesticidas Croplife America trabajan con funcionarios estadounidenses para presionar a México, a fin de que abandone sus prohibiciones sobre el glifosato y las importaciones de maíz transgénico.
El primer correo
Una comunicación interna entre miembros de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos fechada el 13 de enero de 2020, hace referencia a que dentro de la administración de López Obrador hay “activistas anti-biotecnológicos” y destaca la postura del propio presidente contra los transgénicos.
A la letra, la misiva dice que Estados Unidos está preocupado por el rechazo por parte de la SEMARNAT de permisos de importación de glifosato sin una justificación científica clara. Hay que recordar que en todo el mundo se interpusieron más de cien mil denuncias sobre los efectos cancerígenos del glifosato. Por ello, la empresa Bayer deberá pagar hasta 10 mil 900 millones de dólares.
“Cada vez hay más investigaciones que muestran que el glifosato tiene riesgos para la salud. Ha habido varias personas que han demandado a Monsanto, que es un fabricante del herbicida glifosato Roundup, y debido a que contrajeron cáncer, contrajeron linfoma no Hodgkin y ganaron sus demandas”, recuerda Roseboro.
La patente del glifosato es de la multinacional estadounidense Monsanto y en 2108 fue adquirida por Bayer. El uso masivo del herbicida fue a partir de los años 90.
El segundo correo
Otro correo electrónico del 23 de enero afirma que la agencia de salud de México, la COFEPRIS, se está “convirtiendo en un gran problema”. Un mes antes en un comunicado de prensa de diciembre de 2020 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señaló que la exposición al glifosato es un evento que debe minimizarse.
“El glifosato se desarrolló e inició su utilización desde los años 70 siendo considerado en ese entonces inocuo para la salud humana. No obstante, en marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) evaluó la carcinogenicidad del glifosato, reclasificándolo como «probablemente cancerígeno para los seres humanos”(Grupo 2A). La IARC es la agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual se enfoca en la identificación de los peligros relacionados con esta enfermedad”.
El comunicado destaca que al cambiar la clasificación internacional de este herbicida, “con base a sus propiedades cancerígenas, la política del gobierno mexicano evoluciona en vistas de proteger la salud de las personas”.
El tercer correo
Comunicaciones del 28 de febrero del 2020, exponen cómo la industria agroquímica está “presionando” para que Estados Unidos “incorpore este tema” al acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
Timothy Wise, actual consejero del Instituto de Política Agraria y Comercial de Estados Unidos asegura que los estadounidenses tienen como política desde hace muchos años defender su soberanía alimentaria.
“Perder la independencia de producir su propia comida es un asunto de seguridad y no dejan que México proteja su propia producción alimentaria”.
Con información de Milenio.
