- Presentó la diputada Monserrat Rodríguez reforma a Ley de Hacienda del Estado, para evitar que la venta final de los vinos producidos en la región sea objeto de impuesto estatal.
Tijuana, B.C.- Debido a que la industria vinícola de Baja California requiere de diversos apoyos para consolidarse a nivel nacional e internacional, la diputada María Montserrat Rodríguez Lorenzo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado, para evitar que la venta final de los vinos producidos en la región sea objeto de impuesto estatal.
La legisladora expuso que las actividades vitivinícolas son una vocación que nos distingue y que propicia a su vez el turismo, por lo que, para las administraciones en turno resulta importante apoyarlas en reconocimiento y beneficio de los bajacalifornianos.
“La intención legislativa tiene el fin de establecer una política permanente de apoyo a las personas físicas y morales dedicadas principalmente al sector vitivinícola en la entidad, eliminando cargas fiscales que pudiera generar afectación socioeconómica de dicha rama”, expresó.
De igual manera agregó que su eliminación en ley permitirá el fortalecimiento financiero de las empresas que conforman este sector así como contribuir a mejorar su posicionamiento de producción de vino a nivel local, nacional e internacional.
Monserrat Rodríguez recordó que de acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola, el vino mexicano pasó de ser tendencia a consolidarse como uno de los productos mexicanos más reconocidos tanto en territorio nacional como en el extranjero.
En ese sentido, dijo que es indispensable generar una política fiscal que apoye de manera permanente al sector vitivinícola estableciendo en ley que el vino no será objeto de la contribución que nos ocupa; medida que además beneficia al sector turístico de la entidad.
“La presente iniciativa, y su aprobación, no genera ningún perjuicio o merma al erario en virtud de que la venta final del vino no ha generado recursos para el Estado debido a los constantes Decretos emitidos desde el 2012 hasta el 2021; siendo innecesario el estudio económico para determinar los recursos que se dejarán de cobrar o la afectación de programas”, finalizó.
