La opacidad no puede ni debe convertirse en una política de Estado, luego de que con la catalogación que hizo el gobierno federal sobre “obras prioritarias”, no existe transparencia ni acceso a la información pública, a pesar de ser un derecho consagrado en la Constitución, ahora está sujeto a la voluntad de las autoridades, acusó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), José Medina Mora Icaza.

“COPARMEX considera que al clasificar las obras prioritarias de este gobierno como de Seguridad Nacional, logra el efecto de reservar todo lo relacionado a las mismas, incluyendo contrataciones públicas, fallas en planeación y ejecución del gasto, lo cual vulnera nuestro derecho humano y favorece la opacidad, violando el derecho de acceso a la información pública gubernamental consagrado en la Constitución”, expresó.

El líder del sindicato patronal, mencionó que el mismo efecto genera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver, en mayo pasado, reservar hasta 2025 la información de las compras de las 206.9 millones dosis de vacunas contra el Covid y donde también, el mismo criterio de opacidad se refleja en la reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones realizada de manera muy forzada en el Congreso, para exceptuar de los procesos de contratación y transparencia, las compras relacionadas con salud.

El presidente de la COPARMEX subrayó que ni la “seguridad nacional” ni la pandemia pueden ser argumentos para abusar de excepciones que atenten contra de la transparencia en el ejercicio del gasto público y facultades de las autoridades.

Dijo que, en el orden estatal, si bien aún existen áreas de oportunidad, se debe reconocer que ha habido avances en los últimos años en materia de transparencia presupuestal y ello es importante puesto que los gobiernos estatales ejercen un tercio del gasto público.

Detalló que de acuerdo al Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2022 publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el cumplimiento promedio en el reporte de la información presupuestal pasó de 53 en 2008 a 93 por ciento en 2022 y en esta última edición del BIPE 2022, 12 entidades federativas alcanzaron un cumplimiento del ciento por ciento. Guerrero fue la única entidad del país que obtuvo una calificación inferior al 70 por ciento.

“Las conductas de opacidad impactan también el clima de certidumbre en los negocios en nuestro país e impide el florecimiento de los ya existentes y la atracción de nuevas inversiones privadas nacionales y extranjeras y prueba de ello es el informe Declaraciones sobre el Clima de Inversión en 2022: México, publicado en julio pasado por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos donde se expresan las preocupaciones respecto al compromiso del gobierno mexicano con la transparencia”, comentó Medina Mora.

“Por todo lo anterior, hacemos un respetuoso llamado a los Poderes de la Unión del orden federal y locales, para que no se retroceda en la política de transparencia, acceso a la información pública gubernamental y rendición de cuentas con reformas legislativas y administrativas que de un día a otro provocan la reserva de información, que antes era pública. Nuestras autoridades deben comprometerse con el respeto al derecho humano de acceso a la información para que la ciudadanía pueda comprobar la eficiencia, eficacia, oportunidad y honradez en el ejercicio de los recursos públicos”, concluyó.

Con información de Grupo en Concreto.