Ensenada, B.C.- Por décadas ya, la administración de la antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha sido poco transparente en el uso y destino de los recursos públicos y eso debe cambiar con la designación del nuevo director o directora de la dependencia en Baja California, refirieron Humberto Valdés Romero y Edith Méndez Martínez, presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas Humberto Valdez Romero (FETRAEX) y del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE) respectivamente.

Las obras de infraestructura carretera en el Estado, representan cantidades multimillonarias, se invierten miles de millones de pesos que son poco socializados, refirió Méndez Martínez, argumentando que incluso con frecuencia, la voz técnica de los colegios y asociaciones de profesionales de la construcción, no es tomada en cuenta.

Esta situación, refirió Valdés Romero, lastima el crecimiento, desarrollo y potencial del estado, ya que le ofrecemos no nada más a los usuarios de las vías de comunicación locales, sino a los turistas nacionales y extranjeros, carreteras deficientes, lentas y peligrosas como la escénica Tijuana – Ensenada.

Adelantaron que le solicitarán de manera directa a quien sea designado al frente de la dependencia en Baja California, como al secretario Jorge Nuño Lara, una auditoria abierta transparente y urgente de los últimos 10 años, fecha en que sucedió el deslizamiento en el kilómetro 93 de la autopista, que a lo largo de los años no ha sido atendida adecuadamente.

Además, se le pedirá al nuevo responsable un plan de trabajo pormenorizado, con tiempos, metas y costos, además de exigir un ejercicio de total transparencia en todas las licitaciones, para lograr una suerte de sindicatura empresarial técnica, que acompañe a la dependencia en la supervisión de materiales, procesos y finalización de obra.

Puntualizaron que emprenderán una campaña permanente para exigir la socialización del uso de los recursos públicos para la infraestructura del estado, que le permita a la sociedad pedirle al gobierno en sus tres niveles, explicaciones sobre cada peso que es invertido para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.